El anuario del Colegio de Registradores de 2017 muestra que la empresa concursada tipo pertenece al sector servicios (no inmobiliarios), inicia el procedimiento con 13 años de edad, tiene contratados a seis empleados y un pasivo inferior a medio millón de euros (frente a casi 600.000 euros en 2015 o los 900.000 euros de 2014).

El número de concursos de acreedores se mantuvo estable el año pasado, con alrededor de 3.500 empresas bajo ese procedimiento legal, si bien se registró una ligera disminución de su tamaño, según el Anuario de la Estadística Concursal 2017 del Colegio de Registradores.

El estudio muestra que la empresa concursada tipo pertenece al sector servicios (no inmobiliarios), inicia el procedimiento con 13 años de edad, tiene contratados a seis empleados y un pasivo inferior a medio millón de euros (frente a casi 600.000 euros en 2015 o los 900.000 euros de 2014).

Asimismo, señala que la situación financiera patrimonial en la que se encuentran las sociedades que inician el procedimiento (voluntario en el 94% de los casos) está “bastante deteriorada”, ya que casi el 70% tiene pérdidas y aproximadamente un 72% necesitaría 25 o más años para atender sus deudas con los recursos que genera (el 56% no genera recursos positivos).

Tan solo un 15,4% tendría capacidad financiera suficiente como para cumplir un convenio aprobado dentro de los límites marcados por la Ley Concursal, que contemplan una quita del 50% y espera de cinco años en términos generales.

Por sectores, las sociedades de la construcción reducen su peso específico y disminuyen cada año más hasta suponer casi un cuarto de la muestra total (30,1% en 2016 frente al 27,3% en 2017), perteneciendo al sector de servicios no inmobiliarios el 57,9% de las concursadas.

Reasignación de recursos y recuperación del crédito

En 2017, el destino mayoritario tras la fase común es la liquidación (93,5% de los casos). En medio millar de casos la declaración de concurso y la propia apertura de la liquidación fueron simultáneas.

Además, el anuario destaca que se confirma que las sociedades que inician la fase de convenio, así como las que finalmente lograron alcanzar un acuerdo en 2017, fueron patrimonialmente más grandes, a la vez que reflejan mayores cifras de negocio. La pertenencia a la construcción parece aumentar la probabilidad de alcanzar un convenio.

En relación a las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios, la mediana fue el año pasado del 47,1% de su endeudamiento (46,2% en 2016), pudiendo devolver el 93,8% de la deuda en un 5% de los casos, aquellas en mejor situación financiera. En el lado opuesto, un 5% de las sociedades devolvieron solo un 5,5% de sus deudas.

Igualmente, solo un 2% de los casos se ofreció a los acreedores la posibilidad de participar del riesgo del capital, por medio de préstamos participativos o directamente a través de la conversión de deuda en capital, frente al 7% de 2016.

Diferenciando por tipo de tramitación, en los concursos abreviados la fase sucesiva (liquidación o convenio) se inicia en menos de un año en el 61,6% de los casos (57,6% en 2016), mientras que en los ordinarios es un 61,5% el que supera ese año, frente al 53,1% del año 2016.

El procedimiento es más rápido en el caso de los concursos voluntarios (solicitados por el deudor). En 2017 se estima que el concurso típico abreviado tarda 990,5 días en concluir, tomando 1.698 días los concursos ordinarios.

La mayor parte de este tiempo se consume en la fase de liquidación, siendo ajeno a cuestiones procesales (de los 990,5 días, 873 corresponderían a las operaciones de liquidación, y 1.494 días en el caso de los concursos ordinarios).

De igual forma, el Colegio de Registradores indica que se constata de nuevo en 2017 que el pasivo exigible por sociedad tiene una importante influencia en su duración: para los concursos abreviados, 598.000 euros en el grupo de menor duración (igual o por debajo de 149 días) frente a los más de 950.000 euros registrados en el extremo opuesto (el grupo de más de 558 días).

Para los procedimientos ordinarios, 2,3 millones de euros en el grupo de menor duración (igual o por debajo de 254 días) y 9,7 millones en el de mayor (igual o por debajo de 770 días).

Ciclo de la construcción

En un escenario de estabilidad en el número de sociedades concursadas, el ciclo de la construcción representó el 27,3% de la muestra, cifra inferior a las de los años anteriores (30,1% en 2016, 32,8% en 2015, 35% en 2014, 41,1% en 2013).

Del total de pasivos afectados en 2017 (cerca de los 7.500 millones de euros, frente a los cerca de los 8.200 millones de 2015), la construcción no alcanza la mitad del importe, con el 45,6% del total.

En 2017, de nuevo, las sociedades que desarrollan actividades inmobiliarias son las que presentan peor imagen; sólo un 14,75% tendría capacidad para devolver sus deudas en 10 años o menos y un 45,75% presenta fondos propios negativos.

Acuerdos extrajudiciales de pagos

Desde su introducción en 2013 hasta la reforma de 2015, el ámbito subjetivo del acuerdo extrajudicial de pagos se limitó a empresarios personas físicas, incluidos los trabajadores autónomos, y a personas jurídicas. La reforma de 2015 añadió a personas naturales no empresarios.

En cualquier caso, se trata de un procedimiento de renegociación pensado para deudores insolventes con pasivo estimado inicial no superior a los cinco millones de euros. Hasta la fecha de cierre del anuario, se registraron un total de 17 solicitudes de acuerdos extrajudiciales de pago realizadas por personas jurídicas.

A pesar de que se trata de cifras provisionales, el Colegio de Registradores considera que es un número muy reducido, especialmente si se tienen en cuenta los 1.393 nuevos expedientes que afectaron a 1.722 personas físicas a lo largo del año.

Las personas jurídicas solicitantes del acuerdo extrajudicial de pagos ofrecieron una imagen financiera próxima a las concursadas (el 69,2% registran pérdidas, un tercio poseen fondos propios negativos, y el 53,8% no podrían reducir su deuda en ningún caso).

Por ello, el colegio opina que el acuerdo extrajudicial de pago, en lo que se refiere a sociedades mercantiles, se configura más como medio para retrasar el inicio del concurso que como mecanismo alternativo al mismo.