55 preguntas a directivos para saber si hay tareas duplicadas
La Auditoría a la Junta por el Gobierno andaluz del Partido Popular y Ciudadanos ha empezado a dar sus primeros pasos. Los directores de las doce agencias autonómicas que están auditándose y las distintas consejerías recibieron la pasada semana un exhaustivo cuestionario con 55 preguntas.
La encuesta pivota sobre tres ejes temáticos: el objeto social de estos entes instrumentales, las tareas que desempeñan y su utilidad y eficiencia, según se ha podido corroborar a través de fuentes consultadas de distintas agencias de la Junta de Andalucía.
Las respuestas de este cuestionario, que deberán remitirse a la Intervención General de la Junta a lo largo de esta semana, servirá para obtener una primera radiografía sobre las agencias.
Uno de los principales objetivos de esta Auditoría a la Junta es averiguar si hay solapamiento de funciones entre estas entidades públicas y las consejerías a las que están adscritas. Es decir, conocer, por boca de sus directivos y los viceconsejeros, si hay empleados que están haciendo lo mismo en los dos sitios. Un claro ejemplo de solapamiento sería que una agencia tuviera como único cometido conceder subvenciones, una potestad administrativa que podría realizarse, con menos gasto, a través de la consejería de la que depende.
Con el fin de indagar en las posibles duplicidades, se formulan las mismas cuestiones de distinta manera. Hay preguntas que requieren una respuesta de varias páginas, según puntualizan las citadas fuentes.
A los directores de los entes públicos se les pide, por ejemplo, que justifiquen por qué determinadas funciones deben realizarse desde fuera de la propia Administración general, donde trabajan principalmente funcionarios. También se les inquiere sobre si consideran que se está cumpliendo los cometidos que aparecen en sus estatutos o éstos exceden de su objeto social.
En el cuestionario, que es idéntico para todas las agencias y consejerías, aparecen preguntas acerca de los directivos que tiene y las labores desempeñan para analizar la eficiencia.
Los interventores trabajan a contrarreloj. Al Ejecutivo le apremia tener la auditoría lista en un corto periodo de tiempo, apenas 45 días, para saber dónde puede empezar a reducir la denominada «administración paralela». Su intención es ahorrar gasto y transferencias a los entes instrumentales en los próximos presupuestos de la Junta. De hecho, dio la máxima prioridad a este análisis, incluido entre las noventa medidas pactadas por el PP y Cs.
El Gabinete que preside Juanma Moreno aprobó su encargo en su primer Consejo de Gobierno el pasado 26 de enero. Además, Moreno confía en tener presentadas sus primeras cuentas antes de las elecciones municipales del 26 de mayo.
Esta premura ha pesado para que el Ejecutivo descartara encargar el trabajo a auditores externos, porque ello le obligaría a convocar un concurso público y retrasaría la adopción de las medidas de racionalización del gasto de la Auditoría a la Junta.
Agencias afectadas
La auditoría afectará a 12 de las 18 agencias públicas empresariales que constan en la estructura administrativa que hereda el Ejecutivo. Se trata de las agencias de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Obra Pública, Educación, Energía, Innovación y Desarrollo, Puertos, Vivienda y Rehabilitación, Conocimiento, Servicios Sociales y Dependencias, Medio Ambiente y Agua, Institucionales Culturales y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Quedan fuera de esta primera auditoría otras agencias administrativas como el Servicio Andaluz de Empleo o el Servicio Andaluz de Salud y agencias empresariales como la Radio y Televisión de Andalucía.
Fuente: ABCdesevilla