La economía que hereda el nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos

No es pequeño el reto al que se van a tener que enfrentar los responsables del área económica del nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos. Desde luego, tienen la ocasión de demostrar, en un gran campo de ensayo como Andalucía, si su forma de hacer las cosas es mejor que lo malo conocido. A medio plazo se podrá comprobar si la tasa de paro regional, del 22,85%, la más alta de todas las comunidades autónomas -incluso de la de Extremadura (21,68%), que casi siempre ha estado a la cabeza-, se reduce de forma ostensible.
Otro indicador del grado de riqueza de los habitantes, el PIB per cápita, también está en rojo en Andalucía, sin que al cabo de los años se hayan producido avances hacia el estándar nacional de prosperidad. Con 18.470 euros por habitante, un andaluz está a más de 15.000 euros de distancia de la riqueza de un madrileño y lejos del promedio nacional (24.999 euros), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año 2017. Tampoco se ha recuperado todavía el nivel pre-crisis (en 2008 alcanzaba 18.625 euros).
Convergencia

La convergencia de Andalucía con España se paró en seco durante la recesión económica y todavía no ha vuelto a coger impulso. La región sigue perdiendo posiciones en el mapa de la riqueza de España y la dinámica tampoco cambia en el nuevo marco de recuperación económica. La comunidad está en el 73,8% de índice de convergencia, a 26 puntos de la media de España, un lugar del que casi no se ha movido. La estadística histórica refleja que el mejor momento de Andalucía fue 2005, cuando la comunidad avanzó hasta el 78%.

Andalucía tiene un Producto Interior Bruto (PIB) de 155.213 millones de euros, que representa solo el 13,3% de la producción española, muy por debajo del peso de su población (18%). En la estructura económica, los servicios siguen aportando más del 65%; la agricultura casi el 5%; la industria, con una cuota del 11,5%, ha avanzado siete décimas desde 2008; y la construcción ha caído siete puntos, del 12,6 al 5,6%, el único cambio estructural que ha provocado la crisis y que vincula al conjunto de la economía española.

Otra debilidad histórica de la región, la atomización empresarial, no se ha revertido. Andalucía ha recuperado las dos terceras partes del tejido producido destruido durante la crisis, pero más de la mitad de sus 509.137 empresas no tiene ningún asalariado.

Tampoco Andalucía puede sacar pecho en gasto en I+D, ya que el esfuerzo representa solo un 0,92% de su PIB, frente al 1,2% de media española.

A la vista de estos datos se puede concluir en que los mecanismos de nivelación –100.000 millones de euros de fondos estructurales europeos y la financiación autonómica- no han tenido el impacto esperado. Con ello, la gestión política queda muy en entredicho.

El nuevo Ejecutivo deberá probar nuevas recetas económicas. «La inexistencia de cambio durante tanto tiempo ha propiciado la ausencia de otras alternativas gobernantes y por lo tanto ha impedido la comprobación de soluciones diferentes a los problemas socioeconómicos planteados. El cambio tiene la propiedad curativa de la experimentación. Provoca lo que en ciencia se denomina aproximación de prueba y error, que no es otra cosa que experimentar soluciones y cambiar si es necesario». Esta reflexión del economista Manuel Ángel Martín, presidente del Consejo de Economía, Financiación y Fiscalidad de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), apunta a que la inercia o la «estabilidad perpetua» tienen efectos negativos en la sociedad, «dificultan una vida política dinámica e innovadora» y consolidan «castas y élites burocráticas».

Entre los «rasgos estructurales heredados», según señala Manuel Ángel Martín, están una sociedad civil débilmente estructurada y desmovilizada; una participación dominante del sector público en todos los ámbitos, «desde la cultura de la I+D+i a la economía»; un gasto público «desmesurado» dirigido fundamentalmente a gastos de personal y a los sectores de educación y sanidad; una «casi irreversible» dependencia de la deuda pública; una política «sesgada hacia la demanda y no a incrementar la oferta productiva»; una postergación del ahorro frente al consumo o una «lluvia fina» de euros sobre miles de «clientes» personales e institucionales «para garantizar adhesiones y opiniones».

En próxima fechas se desvelarán los nuevos nombres que tomarán el mando del nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos en los despachos de Torretriana, donde se encuentra la consejería de Economía y Hacienda, o en el departamento de Empleo. Los de la exministra popular Fátima Báñez y la empresaria sevillana Ana Llopis, neófita en Política de la mano de Ciudadanos, están sobre la mesa.

Fuente: ABCandalucía